El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), instó a las autoridades hondureñas acercar los servicios de Medicina Forense a las comunidades con el propósito de reducir los índices de impunidad que sobrepasa el 90% en los delitos contra la vida en el país y evitar que se violente el derecho a conocer la verdad que tienen los familiares de las víctimas.
La actual situación que se vive en el país hace que el pueblo hondureño no solo tenga que enfrentar una crisis económica sin precedentes, también se debate en una crisis de inseguridad pública por la cantidad de muertes violentas que se reportan en diversas regiones del país.
Para el Conadeh es motivo de preocupación el irrespeto del derecho a la vida que priva en el país, a lo que se une el alto nivel de impunidad que, según estimaciones, está por encima del 90% en los delitos contra la vida.
El delegado adjunto del Conadeh, Ricardo López, señaló que un factor que puede estar influyendo, en el alto índice de impunidad es la intolerancia de las personas cuando su familiar fallece, al no permitir el levantamiento del cuerpo para que la autoridad pueda realizar la correspondiente autopsia.
Otro ingrediente que estaría “abonando” la impunidad, en el país, es que algunos crímenes se cometen en comunidades alejadas de donde se encuentran las instalaciones de Medicina Forense.
Cuando un cuerpo es trasladado a Medicina Forense, para su respectiva autopsia, los familiares tienen que ver después cómo se las arreglan para retornar a sus comunidades, muchas veces lejanas, y poder enterrar el cuerpo de la persona fallecida.
Según el defensor de los derechos humanos las autoridades hondureñas deben reflexionar y analizar en la necesidad de acercar los servicios de Medicina Forense a las comunidades, a efecto que este tipo de circunstancias no afecten el proceso de investigación.
Argumentó que existen incontables casos donde se obstruyó el trabajo de Medicina Forense y, posteriormente, se tiene que solicitar, judicialmente, una exhumación para aplicar una autopsia y verificar si se encuentran elementos científicos para determinar quiénes son los autores materiales e intelectuales que tuvieron participación en el crimen.
Es lamentable, dijo López, saber que hay casos que todavía no han sido investigados, por parte de las autoridades, con lo cual se violenta el derecho a conocer la verdad que tienen los familiares de la persona fallecida violentamente.