El economista, especialista en descentralización y desarrollo municipal, David Carías Dávila, detalló que durante el período 2002-2022, las alcaldías municipales de Honduras recaudaron más de 26,859.1 millones de lempiras a través del Impuesto sobre Industria, comercio y servicios.
Esa cifra representa un 29.94% de los ingresos propios municipales, que en total alcanzaron los 89,709.8 millones de lempiras en dos décadas.
Particularmente, la constitución de ese impuesto, que se origina de la actividad económica de cada municipio hondureño, acumula 12,062.9 millones de lempiras.
El sector industrial recaudó un 44.91%, un 32.62% el sector comercio y el sector de servicios el 22.47% del total recaudado.
A pesar de estos resultados, el sistema de cálculo del impuesto enfrenta críticas por su complejidad y falta de flexibilidad. Los funcionarios tributarios tienen una amplia discreción para clasificar a las empresas, lo que puede generar confusiones y desigualdades.
Además, persisten prácticas obsoletas como el registro manual de declaraciones juradas.
Con miras al 2025, se plantea la necesidad de un Pacto Fiscal Local que permita revisar y simplificar el cálculo del impuesto, adaptándolo a la realidad económica del sector privado, incluyendo a emprendedores y organizaciones de la sociedad civil.
Esta iniciativa busca mejorar la operatividad del tributo y facilitar el seguimiento de las actividades económicas, así como el cierre de empresas, promoviendo una recaudación más equitativa y eficiente.
El impuesto se genera de la actividad económica de los vecinos por medio del pago de una tasa escalonada, calculada del volumen de producción, ingresos o ventas anuales obtenidos por el contribuyente en el año fiscal declarado.
No obstante, el cálculo del impuesto es extraordinariamente complejo e inflexible, en el que queda a discreción del funcionario tributario municipal “la clasificación del tipo de empresas en categorías antojadizas y sin una clasificación comprensible de la actividad económica del contribuyente, a lo cual se le suma que aún se continúan los registros manuales de las declaraciones juradas”, dijo Carías.
“En este punto se requiere un registro efectivo de contribuyentes, no solamente conocer del ingreso a la actividad económica y su seguimiento, sino del cierre de las empresas municipales. También es necesario darle mayor simplicidad al tributo, superando los problemas que causan las ventas entre jurisdicciones y la coordinación entre municipalidades”, puntualizó. (REMB)
