El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público contra los diputados que aprobaron las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) en la sesión legislativa del 23 de enero de 2013, acusándolos de cometer el delito de traición a la patria.
«Hoy vengo nuevamente a presentar una denuncia. Ya lo habíamos hecho anteriormente por diferentes temas, pero hoy tengo esperanza que, con el nuevo fiscal general, Joel Zelaya, (se) pueda dar una respuesta positiva al pueblo hondureño», indicó Herrera.
Dixon Herrera fue enfático al señalar que la aprobación de las ZEDE implicaba la renuncia del territorio nacional, lo que violaba normas constitucionales intangibles.
“La Constitución de la República es clara: quien intente reformar o derogar artículos pétreos comete delito de traición a la patria”, sostuvo.
Y agregó que: «Si no se castiga este delito, si no se castigan los responsables, pues será una invitación para que futuros políticos vuelvan a hacer lo mismo».
Además, subrayó que ceder territorio es un tema que solo puede ser modificado por una Asamblea Nacional Constituyente y no por el Congreso Nacional ordinario.
El diputado explicó que, aunque algunos medios ya han publicado listas de los diputados que apoyaron la ley, solicitó que el Ministerio Público requiera una copia certificada del acta de la sesión del Congreso donde se aprobó el decreto, para asegurar que se investigue a quienes realmente votaron a favor de la polémica legislación.
«Se les advirtió hasta la saciedad que estaban cometiendo un delito, y aún así votaron a favor de las ZEDE», añadió Dixon Herrera, quien enfatizó que la pena por el delito de traición a la patria oscila entre 15 y 20 años de reclusión, según el Código Penal.
El diputado también responsabilizó a otros sectores del gobierno, afirmando que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, junto con cómplices en la empresa privada, participaron en lo que describió como una «venta del territorio nacional».
La acción de Dixon Herrera ocurre después que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales las ZEDE.
AMNISTÍA POLÍTICA
Sobre la amnistía política, Dixon Herrera manifestó que como diputados de Libre no se van a meter si la Corte Suprema de Justicia la declara o no inconstitucional.
«Nosotros no nos vamos a meter. Si la Corte Suprema de Justicia decide declarar o no declarar inconstitucionalidad de la amnistía, es una decisión muy propia de la Corte Suprema de Justicia», enfatizó.
Además, aclaró que » todos aquellos que pasan tergiversando la información, la amnistía nunca fue un cheque en blanco para los jueces para que resolvieran a favor de determinado imputado».
Además del tema de las ZEDE, el pleno del poder judicial fue convocado la semana anterior para hablar de la amnistía política, calificada por algunos sectores como pacto de impunidad, debido a que entre los beneficiados hay exfuncionarios que tenían juicios pendientes por corrupción.