Por: Daniel Zepeda
La Recomendación 39 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establece la necesidad de que los Estados faciliten la extradición de personas acusadas de delitos relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Este principio es fundamental para asegurar una cooperación internacional efectiva en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, amenazas que trascienden fronteras y afectan la estabilidad global. Sin embargo, la reciente decisión del gobierno hondureño de denunciar el Tratado de Extradición con Estados Unidos ha generado riesgos significativos para nuestra posición en la comunidad internacional.
Cumplir con la Recomendación 39 es esencial para mantener nuestra credibilidad y confianza en los mercados globales. Este mandato del GAFI subraya que los países deben garantizar que los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo sean considerados delitos extraditables, asegurando procedimientos de extradición rápidos y efectivos. No cumplir con esta recomendación pone en riesgo la inclusión de nuestro país en las listas de alto riesgo del GAFI, como la “lista gris” de las jurisdicciones con deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de activos, lo que puede acarrear severas repercusiones económicas, incluyendo sanciones financieras, restricciones comerciales, y una posible pérdida de acceso al sistema financiero internacional.
La desacertada decisión del actual gobierno de limitar la cooperación en materia de extradición, particularmente con Estados Unidos, ha puesto al país en una situación de vulnerabilidad. Esta postura será percibida como una falta de compromiso en la lucha contra el narcotráfico, consecuentemente también, contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, debilitando nuestra posición en los foros internacionales, poniendo en riesgo la estabilidad económica.
Para hacer efectiva nuevamente dicha cooperación, es imperativo restablecer el compromiso de la extradición con todos los países. Esto implica reforzar los mecanismos legales y administrativos para garantizar que las solicitudes de extradición sean procesadas sin retrasos indebidos. Además, es necesario promover la entrega de individuos acusados de delitos graves, incluyendo el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, evitando que las diferencias jurídicas entre Estados sean utilizadas como excusa para evadir la justicia.
Adoptar medidas para cumplir plenamente con la Recomendación 39 fortalecerá nuestra credibilidad internacional, protegerá nuestra economía de posibles repercusiones y enviará un mensaje claro de nuestro compromiso con la cooperación global en la lucha contra el crimen organizado. La inacción no es una opción; cumplir con nuestras obligaciones internacionales es fundamental para asegurar la seguridad nacional, la estabilidad y el desarrollo económico del país.