El fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, señaló sobre el Decreto de Amnistía: «Es una ley y hay que entenderlo, deróguenlo y hablamos, sencillo». Esta declaración se produce en medio de una creciente controversia sobre la amnistía, la cual ha sido utilizada, según críticos, para encubrir delitos ajenos al ámbito político.
En relación al asesinato del ambientalista, Juan López, ocurrido el pasado fin de semana en Colón, el fiscal Zelaya manifestó su pesar por la muerte del defensor del ambiente, destacando su lucha por la vida. «Sentimos empatía. Un hombre que peleaba por la vida, por la vida de todos nosotros», expresó.
El Ministerio Público ha enviado dos fiscales adicionales para investigar el caso en la zona del Bajo Aguán, donde ocurrió el crimen. Zelaya subrayó que no se dejará llevar por presiones o acusaciones en redes sociales, después de que el padre Carlos Orellana responsabiliza al alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, por el asesinato.
«No me voy a dejar llevar por redes, ni por discursos… Vamos a llevar al verdadero criminal, sea intelectual o material, apúntenlo bien», enfatizó Zelaya, advirtiendo que no desviarán la atención y que la investigación seguirá su curso sin presiones externas.
Cuando fue cuestionado sobre las declaraciones del sacerdote Orellana, Zelaya respondió: «Si él tiene pruebas que las presente, nosotros estamos abiertos, aquí todos somos iguales ante la ley».
DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 227
El fiscal Zelaya también reiteró su llamado al Congreso Nacional para que derogue el artículo 227 del Código Penal, al cual calificó como discriminatorio. Este artículo establece condiciones específicas para que los fiscales tomen declaraciones, lo que, según Zelaya, viola la igualdad ante la ley.
«No acepto presiones, ya pueden ser sacerdotes o pastores, de donde vengan las declaraciones. Sepan que vamos a llegar al fondo del asunto con el crimen de Juan López», subrayó el fiscal.
Zelaya realizó estas declaraciones tras una reunión con la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, como parte de su compromiso de mejorar el diálogo y coordinación entre las instituciones de justicia en el país.