La comunidad que el ambientalista, Juan López, defendió con valentía exige justicia.
Sus demandas incluyen una investigación independiente y exhaustiva del asesinato, la protección inmediata de los defensores del Comité de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y la cancelación definitiva del megaproyecto que amenaza a las comunidades locales.
En una conferencia de prensa los defensores exigen que el Estado hondureño asuma su responsabilidad en la falta de protección y la persecución penal injusta contra López y otros defensores.
Este trágico asesinato pone de manifiesto, una vez más, la necesidad urgente de actuar frente a la creciente violencia que sufren los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente en Honduras.
La conferencia de prensa subrayó que el asesinato de Juan López no es un hecho aislado, sino la consecuencia de años de amenazas, criminalización y un ambiente de terror que enfrentan los defensores del territorio en Honduras.
Desde hace varios años, Juan López y sus compañeros del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa denunciaron las amenazas de muerte que recibían debido a su firme oposición al megaproyecto minero de Emco Holdings/Los Pinares/Ecotek, que afecta al Parque Nacional Montaña de Botaderos.
Durante la conferencia, se detalló que, a pesar de presentar numerosas denuncias penales ante las autoridades, incluyendo el Ministerio Público, las amenazas nunca se atendieron.
«El Estado tuvo todas las oportunidades de proteger a Juan y a otros defensores, pero ignoraron nuestras advertencias», señalaron los representantes del Comité.
Esta inacción permitió que la violencia escalara, tal como ocurrió con los asesinatos de otros defensores en 2023, incluyendo a Oqueli Domínguez, Aly Domínguez y Jairo Bonilla.
La conferencia de prensa que el Comité de Bienes Comunes y Púbicos brindó en Tocoa, Colón. Foto: redes sociales.
AMBIENTE DE IMPUNIDAD
Los líderes comunitarios también destacaron cómo la situación se agravó en diciembre de 2023, cuando el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, convocó un cabildo abierto para avanzar con el proyecto minero, utilizando documentos falsificados para obtener los permisos necesarios.
En la conferencia, se explicó que Juan y otros defensores denunciaron públicamente estas irregularidades, lo que los puso en mayor riesgo.
«El 11 de septiembre de 2024, solo tres días antes de su asesinato, Juan exigió públicamente la renuncia del alcalde Fúnez por su vinculación con actividades ilegales», revelaron.
Esta creciente criminalización y el uso de pruebas falsas para intentar silenciar a los defensores se volvió una táctica común para quienes protegen el territorio, aseguran.
La conferencia dejó claro que Juan López, al igual que muchos otros, también enfrentó un proceso judicial injusto, mientras el Estado hondureño falló en implementar las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de las cuales él era beneficiario.
Exigencias de justicia y protección inmediata
Primero, piden investigación independiente y exhaustiva: rechazaron la participación de la Fiscalía de Tocoa y la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán en la investigación del asesinato, debido a su complicidad en la persecución de defensores.
Exigieron una investigación imparcial y en coordinación con el Comité, sin la participación de autoridades locales que perpetúan la violencia en la región.
Segundo, protección inmediata a los defensores: instaron al Estado hondureño a cumplir con su obligación de proteger a los defensores del Comité y su equipo legal, implementando de inmediato las medidas cautelares solicitadas por la CIDH.
Tercero, cancelación definitiva del megaproyecto minero: porque aseguran que viola los derechos de las comunidades locales y el medioambiente del Parque Nacional Montaña de Botaderos.
Cuarto, responsabilidad del Estado: Se reclamó que el Estado de Honduras asuma su responsabilidad en la falta de protección que pudo haber salvado la vida de Juan López y en la criminalización injusta que él y otros defensores enfrentaron.
Además, se exigió la protección integral de la familia de López y sanciones para los funcionarios que, por acción u omisión, permitieron que la violencia continúe.
Y quinto, justicia para Juan López: se llamó a sancionar a todos los responsables, tanto en el ámbito público como privado, por su involucramiento en los crímenes contra Juan López y otros defensores.