El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aumentó las «medidas represivas tanto dentro de su círculo de poder como contra la Iglesia católica» nicaragüense, según lo asegura un análisis del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) divulgado este lunes.
«En las semanas más recientes el círculo de poder en Nicaragua se ha visto sacudido hasta los cimientos por las purgas de altos funcionarios públicos y que ya han tocado incluso a oficiales de primera línea en el Ejército», señaló el Cetcam en un informe.
Ese centro de pensamiento integrado por investigadores centroamericanos de distintas disciplinas, con sede en Costa Rica, sostuvo que «la magnitud de estas purgas es significativa».
«Altos funcionarios públicos, oficiales de primera línea de la Policía y el Ejército, magistrados y jueces del Poder Judicial, alcaldes y secretarios políticos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), entre otros, han perdido el sueño», anotó la Cetcam.
«Les afligen las noticias de la caída en desgracia, humillaciones y encarcelamiento de muchos de ellos en las semanas más recientes», añadió.
Los últimos funcionarios detenidos
En la víspera, el Ejército de Nicaragua informó que retuvo a Steadman Fagoth Muller, asesor presidencial para políticas de pueblos originarios, por intentar «sustraer armamento orgánico» de la institución en los puestos ubicados sobre la ribera del río Coco «para la realización de actividades al margen de la ley con elementos vinculados al narcotráfico y crimen organizado, procedente de Honduras».
El pasado 30 de agosto, el Ministerio Público (Fiscalía) acusó a ocho funcionarios públicos por ser coautores del delito de robo a la población nicaragüense, en la modalidad de los delitos de fraude, malversación de caudales públicos y tercero beneficiado.
Los ocho acusados están vinculados a Carlos Fonseca Terán, hijo del fundador del FSLN, Carlos Fonseca Amador -asesinado en 1976 por la dictadura somocista-, y exsecretario adjunto de Relaciones Internacionales del partido gobernante, quien, según la prensa nicaragüense, también está recluido, aunque no fue acusado penalmente.
El pasado 23 de julio, Ortega formalizó la salida del Gobierno de Arlette Cristina Marenco Meza al cancelar su nombramiento como viceministra general de Relaciones Exteriores y como secretaria de cooperación de la Cancillería nicaragüense, según disidentes, en medios de pugnas internas en el Ejecutivo sandinista.
Según la plataforma Confidencial, el jefe de la Dirección de Información para la Defensa (DID), el general de brigada Rigoberto Balladares, fue destituido en junio pasado por órdenes de la vicepresidenta Rosario Murillo, aunque ni el Gobierno ni el Ejército lo han oficializado.
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El tema de la sucesión en el poder
El 28 de mayo pasado, Ortega, próximo a cumplir 79 años, declaró «traidor a la patria» a su hermano menor, el general retirado Humberto Ortega, el caso más emblemático y reciente de las fisuras en el sandinismo.
El exjefe del Ejército, uno de los estrategas de la insurrección armada contra la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, en 1979, se encuentra bajo vigilancia en su residencia en Managua tras cuestionar la sucesión «dictatorial» del jefe de Estado.
Según la prensa nicaragüense, tras aislar al exjefe del Ejército, a quien retuvieron sus teléfonos celulares y computadores, las autoridades han detenido al general retirado Orlando Talavera Siles y al ex subdirector de la Policía Nacional Jorge Guerrero, ambos formados en el área de inteligencia.
«Paralelamente, la persecución religiosa ha alcanzado niveles alarmantes», continuó el Cetcam, al señalar que «desde 2018 a esta parte, más de 270 sacerdotes y obispos han sido encarcelados, desnacionalizados, desterrados y forzados al exilio, mientras otros son acosados, amenazados y visitados por la policía permanentemente».
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «golpistas» y de «traición a la patria». EFE
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