El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), condenó el asesinato del defensor de los derechos humanos, Juan López, e instó al Mecanismo de Protección para que aborde con seriedad su mandato, de lo contrario persistirán hechos lamentables que suponen la responsabilidad internacional del Estado hondureño.
Informes preliminares indican que el defensor de los derechos humanos y del ambiente, Juan López, fue asesinado en las afueras de una iglesia localizada en la colonia Favio Ochoa, de Tocoa, Colón.
La titular del CONADEH, Blanca Izaguirre, se solidarizó con los familiares de Juan López, quien era beneficiario de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
La defensora de los derechos humanos instó a las autoridades encargadas de la seguridad en el país a realizar una investigación diligente, oportuna y efectiva que permita dar con el o los responsables para evitar que este crimen se sume a la larga lista de casos en la impunidad.
Recordó que el pasado 10 de septiembre, el CONADEH emitió una alerta temprana por la falta de implementación y efectividad de medidas.
En la alerta temprana, el CONADEH señaló, al Estado hondureño, la gravedad y el riesgo al no adoptar oportunamente las medidas de protección, por lo que realizó 11 recomendaciones tendientes a garantizar el derecho a la vida e integridad de los beneficiarios.
Es urgente y necesario que el Mecanismo de Protección aborde con seriedad su mandato, pues de lo contrario persistirán hechos lamentables como este, que suponen la responsabilidad internacional del Estado.
MEDIDAS CAUTELARES
En la alerta temprana, emitida el pasado 10 de septiembre, el CONADEH advirtió a la comunidad internacional, a las autoridades estatales y a la población en general, sobre la falta de adopción de medidas cautelares dictadas por la CIDH a favor de los integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
Recordó que, el 20 de febrero de 2023, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos solicitaron a la CIDH medidas cautelares y le instaron para que requiriera al Estado de Honduras la adopción de las medidas necesarias para proteger el derecho a la vida e integridad personal de los integrantes del Comité de Defensa de Bienes Comunes, defensores criminalizados del mismo comité, y profesionales jurídicos del Bufete Justicia para los Pueblos.
Lo anterior, según los afectados, por ser víctimas de campañas de difamación, amenazas, hostigamientos, intimidaciones y otros hechos de violencia en el marco de sus actividades en la defensa de los derechos ambientales en Honduras.
