La Corte de Apelaciones con competencia nacional en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción ha ratificado la decisión de confiscar 22 bienes pertenecientes al exdiputado Juan Antonio «Tony» Hernández Alvarado y su esposa Miriam Vanessa Cruz Sierra.
Esta resolución surge después de que el tribunal de segunda instancia desestimara cuatro agravios presentados por la defensa y aceptara parcialmente un recurso de apelación, modificando los montos no justificados por los titulares de derecho.
El fallo confirma la sentencia original emitida en febrero pasado por el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito. Según la Corte de Apelaciones, Juan Antonio Hernández no pudo justificar el origen de 13 de los 14 bienes involucrados, exceptuando un vehículo adquirido en 2007.
El monto total no justificado asciende a 12 millones 081 mil 456 lempiras, de los cuales solo 4 millones 829 mil 893 lempiras están sujetos a privación de dominio. El resto, más de 7 millones de lempiras, no fue recuperado.
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En cuanto a Miriam Vanessa Cruz Sierra, la Corte determinó que sus activos no justificados suman 5 millones 798 mil 591 lempiras. De estos, 10 bienes, con un valor total de 913 mil 448 lempiras, fueron confiscados, mientras que el monto no recuperado supera los 4 millones 885 mil lempiras.
Entre los bienes comisados se incluyen 18 cuentas bancarias con un total de 3 millones 657 mil 155 lempiras, tres vehículos, y una casa en la capital. Los valores adicionales serán determinados tras la subasta de un bien inmueble mancomunado, sujeto a un crédito recuperado por el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), que ha sido declarado como tercero de buena fe.
Este caso es un reflejo del continuo esfuerzo del sistema judicial hondureño en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
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