El juez de Letras Penal con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada, Ambiente y Corrupción comenzó hoy jueves con el desarrollo de la audiencia inicial en la causa instruida contra el exministro de Salud, Arturo «Tuky» Bendaña, Vanessa María Urbizo Escobar, Nelson Geovanny Alvarenga Rodríguez y el exjuez en materia civil Carlos Octavio Rivas Sánchez.
Todos ellos son acusados de los delitos de fraude, prevaricato administrativo, falsificación de documentos públicos, violación de los deberes de los funcionarios y encubrimiento.
La portavoz de los juzgados, Bárbara Castillo, informó a eso de las 11:45 de la mañana de hoy que el juez suspendió la audiencia y continuará hoy con el desarrollo de la misma a partir de las 9:30 de la mañana.
Los cuatro encausados hasta el momento en este proceso judicial se encuentran cumpliendo la medida de detención judicial, Nelson Geovanny Alvarenga Rodríguez y Carlos Octavio Rivas Sánchez están presos en el Centro Penitenciario de Támara, en el caso de Vanessa Urbizo Escobar está recluida en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
En lo que respecta al exfuncionario de Salud, este cumple la medida de detención judicial en un hospital privado, donde se encuentra interno por presentar problemas de salud.
En este caso también se acusa al empresario farmacéutico: Miguel Ernesto Flores Cisneros, Moisés Torres López, Vinicio David Monterrosa Sierra, Roberto Carlos Meza Figueroa y el abogado Reynaldo Leiva Suazo.
El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), presentó acusación contra los exfuncionarios de la Secretaría de Salud y representantes de empresas mercantiles, por compras irregulares de medicamentos, suministros médicos, equipo quirúrgico y de laboratorio.
La acusación muestra que los acusados cometieron un fraude al Estado de Honduras por más de doscientos veinticuatro millones de lempiras (L224,994,921.30).
Según las investigaciones, la Fiscalía confirma que entre 2010 y 2012, exfuncionarios y empresarios sin escrúpulos utilizaron contratos fraudulentos, licitaciones amañadas y una figura inexistente llamada «extrafinanciamiento» (como si se tratara de la adquisición de tarjetas de crédito) para cometer delitos en contra de la salud del pueblo hondureño.
Es de mencionar, que el togado Leiva Suazo es acusado también en la causa penal que se le imputa al juez Marco Vallecillo y al amigo de este Nelson Sierra, acusados los tres en ese expediente por el delito de extorsión.
El requerimiento por esta causa en mención indica que parte del monto defraudado fue facilitado por el exjuez Carlos Octavio Rivas Sánchez, mediante resoluciones a favor de las empresas tras demandas forzadas contra el Estado, respaldada por actas falsas e informes amañados.
«El plan orquestado por esta red corrupta» como lo califica el ente fiscal y lo expone en su acusación, privó a miles de hondureños de medicamentos y suministros médicos. Compatriotas obligados a viajar largas distancias con recursos económicos limitados enfrentaron la cruda realidad de escasez de insumos en los centros hospitalarios; regresando a sus hogares decepcionados, traicionados y abandonados por un sistema sanitario que en vez de protegerlos los condenó en muchos casos a la muerte. (XM)