Carlos Medrano – Periodista
A casi un mes de cumplir 203 años de independencia patria, lastimosamente Honduras no ha podido construir una institucionalidad que nos permita combatir eficientemente la corrupción, uno de los males más grandes y desastrosos que tiene esta tierra centroamericana.
Es sencillo, la clase política y gobernante no quiere adecentar a esta nación y castigar a los ladrones del erario público, no quiere meterlos presos y provocar temor a los nuevos ladrones que ya están listos para caerle a los fondos estatales y que no sustraigan recursos públicos y no quiere crear las leyes e instituciones fuertes que enfrenten y castiguen a quienes se han enriquecido gozando de la impunidad que ofrece este país.
El grito desesperado para que venga una misión internacional que frene “al monstruo de mil cabezas” es el reconocimiento de que en Honduras hemos fracasado en la lucha contra la corrupción, es la evidencia indeleble que las instituciones encargadas de investigar, procesar y castigar a los delincuentes de “cuello blanco” no han hecho su papel constitucional y legal en beneficio de un país que ya no puede más con tanto ladrón.
La promesa presidencial de traer a una Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, CICIH, no fuese necesaria si los organismos como el Tribunal Superior de Cuentas, la Fiscalía contra la Corrupción, La Procuraduría General de la República, el Instituto de Acceso a la Información Pública, entre otros, funcionaran adecuadamente y detectaran, procesaran y castigaran a quienes cometen actos de corrupción.
Hoy la CICIH se mira muy lejos, pareciera un sueño, una de las tantas promesas de campaña incumplidas, una retorica y distractor para echarle la culpa a la oposición y al gobierno de no tener “voluntad política” para adecentar a nuestra atribulada nación.
El Congreso Nacional es, en mi opinión, uno de los principales culpables del retraso para la llegada de la CICIH, pues no ha rectificado algunos entuertos legislativos relacionados con el combate a la corrupción pública.
El Poder Legislativo debió facilitar todo el andamiaje legal que permita que la CICIH no tenga ningún contratiempo para castigar a los corruptos, reformar el Código Penal en temas de delitos contra la administración pública, reformar el decreto de amnistía, derogar la inmunidad parlamentaria y reformar el mecanismo de juzgamiento especial de altos funcionarios, entre otros.
Un informe sobre las percepciones del Institute for Multiparty Democracy establece que para los hondureños la corrupción el cuarto problema más grande e importante que tiene el país y el combate a este flagelo debería ser una de las principales prioridades de gobierno.
El 42.6% de los consultados considera que en los últimos 3 años la corrupción ha aumentado, un 36.9% respondió que en los siguientes 3 años la corrupción se incrementará y 7 de cada 10 ciudadanos creen que un sistema de justicia tutelado por actores internacionales es más confiable que el actual Poder Judicial.
Finalmente, 1 de cada 2 hondureños confía en que la CICIH traerá resultados positivos en la lucha contra la corrupción, de modo que no debería haber más dilatoria para que la CICIH se establezca y castigue a todos los que han cometido irregularidades en el ejercicio del poder.
El canciller anunció la desclasificación del Informe de la Misión de Expertos de la ONU, que contiene las recomendaciones de este organismo internacional para la llegada de la CICIH, dándole transparencia al proceso y que en efecto los hondureños determinemos si es cierto que la ONU exige mucho o más bien es un atraso deliberado de la actual administración.
Clase política, traigan rápido la CICIH si quieren ganar votos en su desesperada carrera por reelegirse, ya que los hondureños están listos para castigar a quienes creen que el pueblo es “pendejo” y que con una cancioncita será engañado nuevamente.