Detención judicial decretó la tarde de ayer un juez, al cierre de la audiencia inicial de imputado, contra Marco Antonio Vallecillo, quien hasta el sábado fungía como coordinador del Circuito Especial en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción. La solicitud de un soborno de tres millones de lempiras quemó a Vallecillo según la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
El Ministerio Público (MP) comunicó el arresto luego de una vigilancia y trabajo investigativo por parte de elementos especiales de la ATIC, por instrucciones del fiscal general de la República, Johel Zelaya. La captura se concretó en un centro comercial capitalino donde el juez recibió tres millones de lempiras, según el informe de la ATIC.
Posteriormente, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ), presentó requerimiento fiscal en contra el sospechoso, por el delito de extorsión en perjuicio de un testigo protegido.
También se acusó a Reinaldo Leiva Suazo (apoderado legal del testigo protegido) y contra Nelson Omar Sierra Flores, este último amigo del juez Vallecillo y del apoderado legal del afectado.
La investigación comenzó tras la denuncia de un testigo protegido, quien reveló un esquema de extorsión en el que los imputados lo presionaban con amenazas que la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes De Corrupción (Uferco) le presentaría un requerimiento fiscal.
Los imputados le ofrecieron al testigo la posibilidad de ser excluido del caso, incluso usaron la figura del fiscal general para presionar aún más y que el afectado les entregara la cantidad de tres millones de lempiras.
Una vez concluido lo pactado, en fecha 17 de agosto, los imputados se reunieron en una estación de servicio en la salida al sur del país para concretar la transacción ilícita. En ese momento, agentes de la ATIC intervinieron, logrando la detención en flagrancia de los involucrados y el decomiso del dinero. “Ahora corresponde al Poder Judicial impartir justicia, respetando su rol constitucional en el proceso”, señaló el comunicado del Ministerio Público.
Togado alega inocencia
El juez Marco Antonio Vallecillo aseguró ayer que es inocente de los señalamientos de extorsión que le imputa el Ministerio Público (MP), al tiempo que solicitó que su audiencia fuera pública.
“Solamente les diré algo: las pruebas que presentaré demostrarán mi inocencia. La gente aquí me conoce, mis amigos y mis familiares sepan que soy inocente”, señaló con sus manos esposadas hacia adelante, vestido con camisa verde y fuertemente escoltado por elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
Consultado si lo capturaron in fraganti, Vallecillo respondió que “in fraganti es un término mal utilizado, les pido que la audiencia sea púbica y todos los medios de comunicación nacionales e internacionales puedan estar dentro de mi audiencia para que entiendan los pormenores de esto. Voy a declarar es un derecho”, señaló. “¿Cuáles tres millones?, preguntó posteriormente al ser interrogado sobre un soborno de tres millones de lempiras que le achacan.
Marco Antonio Vallecillo fue trasladado desde la ATIC hasta las instalaciones de la Unidad Metropolitana de Prevención Número 1 (UMEP-01), antiguo Séptimo Comando Regional (Core VII) en el barrio Los Dolores, en Tegucigalpa, donde le tomaron las huellas y otras declaraciones.
Posteriormente fue traslado a los Juzgados en Materia de Criminalidad Mi ambiente y Corrupción, cerca del Hospital San Felipe. Al momento que se bajó del vehículo fue consultado por la prensa. El imputado compareció a la audiencia de declaración de imputado programada ayer a las 5:00 de la tarde.
CSJ nombra sustituto
El juez Juan Carlos Colindres fue nombrado ayer como coordinador del Circuito Especial en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción en sustitución del Marco Antonio Vallecillo.
Colindres se venía desempeñando como secretario de extradición de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Ahora este togado llevará todos los casos que atendía Vallecillo, entre estos las “Casas Contenedores”.
El juez Marco Antonio Vallecillo también procesó a Marco Bográn Corrales y Alex Moraes, exfuncionarios de Invest-H, acusados del delito de malversación de caudales públicos.
Asimismo, fue quien emitió orden de captura contra el expresidente del Partido Nacional de Honduras (PNH), David Chávez, por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios mientras fungió como director del Infop en el período 2010-2013. Además, dictó prisión preventiva para la exministra de Finanzas, Rocío Tábora, entre otros.
CIRCUITO EN MATERIA DE CRIMINALIDAD:
Poder Judicial ordena intervención
La presidenta del Poder Judicial de Honduras, magistrada Rebeca Lizette Ráquel Obando, ordenó de inmediato a supervisión nacional ejecutar una intervención en el Circuito Jurisdiccional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
“En relación a la información divulgada por el señor fiscal general de la República, Johel Zelaya, en torno a la aprehensión de un juez asignado al Circuito Especial en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, el Poder Judicial” citó el comunicado oficial.
“Cumpliendo órdenes directas de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CS)), Rebeca Lizette Ráquel Obando, se ha ordenado ya una acción de intervención e investigación exhaustiva en todo Circuito Jurisdiccional con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, con especial énfasis en el Juzgado de Letras de dicha materia”.
“Esta intervención será realizada por parte de la supervisión nacional del Poder Judicial de manera inmediata, y con el fin de que exista la seguridad de que la misma se desarrollará en forma objetiva e imparcial, se invita al Ministerio Público a través de sus agentes de tribunales, que acompañen esta labor a fin de garantizar la transparencia de este proceso”, agregó.
“El Poder Judicial, por medio de todas sus unidades relacionadas, se compromete a proporcionar toda la cooperación debida a las autoridades del Ministerio Público y a las agencias de investigación, con el fin de asegurar el adecuado desarrollo de esta labor, siempre, por supuesto, cuidando de no lesionar las garantías individuales de los involucrados y el respeto irrestricto al debido proceso”, amplió.
“Es fundamental para el Poder Judicial mantener la confianza y la transparencia en el sistema de justicia. Por ello, adoptamos con total seriedad cualquier denuncia y acción de esta naturaleza, a fin de no tolerar las acciones reñidas con la ley por parte de funcionarios de este Poder del Estado y para que se garantice la aplicación efectiva de la justicia y se respete el Estado de Derecho”, advirtió.
Finalmente, el Poder Judicial a través de sus autoridades, reitera su compromiso en la lucha contra la corrupción y la justicia, por lo que se estará proporcionando toda la cooperación requerida a los agentes fiscales y de investigación del Ministerio Público en las presentes actuaciones.
