La reciente declaración de inconstitucionalidad de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) en el ámbito de la educación superior, emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en respuesta a un recurso interpuesto por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), ha desatado un intenso debate entre juristas.
El exfiscal general y exministro de Transparencia, Edmundo Orellana, expresó su reflexión sobre las consecuencias que esta decisión podría acarrear si se aplica el principio de efecto ex tunc (retroactivo) a la sentencia.
Si el art. 316, constitucional, declara que la sentencia de inconstitucionalidad tiene efectos derogatorios (ex nunc), ¿por qué la Sala le reconoce efectos ex tunc (retroactivos) a la sentencia? El vicio de ayer, hoy se legitima: reformar la Constitución vía sentencia de la Sala. https://t.co/7Q7vcoPcGC
— Edmundo Orellana (@mundoorellana) August 9, 2024
Orellana explicó a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter) que la aplicación de este efecto podría anular de pleno derecho todo lo que haya adquirido vida jurídica bajo la norma o ley ahora declarada inconstitucional. “Las sentencias anularán, no derogarán, con consecuencias devastadoras para la seguridad jurídica”, advirtió.
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Si la Sala resuelve contraviniendo directamente normas constitucionales, es indicio de que el arbitrio de los magistrados ha sustituido los valores y principios constitucionales; como ocurrió con la Sala Constitucional anterior. https://t.co/9e8eNSL4lE
— Edmundo Orellana (@mundoorellana) August 9, 2024
El exfiscal también cuestionó la decisión de la Sala Constitucional de reconocer efectos retroactivos en su sentencia, señalando que el artículo 316 de la Constitución establece que las sentencias de inconstitucionalidad deben tener efectos derogatorios (ex nunc).
Según Orellana, esta práctica de reformar la Constitución a través de sentencias es un «vicio» que se está legitimando.
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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró con lugar el recurso presentado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) contra las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE), al considerar que vulneran atribuciones exclusivas de la Constitución de la República.
En su fallo, la Sala Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 34 del Decreto 120-2013, que contiene la Ley Orgánica de las ZEDE, aprobada por el Congreso Nacional el 12 de junio de 2013.
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